Nueva ley de dependencia: qué cambia desde el 23 de octubre de 2026

Qué cambia el 23 de octubre

La Ley 4/2026, de 1 de octubre, salió en el BOE el 3 de octubre y entra en vigor «a los veinte días de su publicación», el 23 de octubre de 2026. Cambia muchos artículos de la ley de dependencia de 2006 y de la ley general de discapacidad, y de paso otras leyes. Estos son los cambios que tocan a quien pide o tiene la dependencia y a quien cuida:

Grado de dependencia y grado de discapacidad

La dependencia tiene tres grados. El I, dependencia moderada, es «cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal». El II, dependencia severa, cuando la ayuda hace falta «dos o tres veces al día». El III, gran dependencia, cuando hace falta «varias veces al día» y la persona «necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona».

Desde el 23 de octubre, la ley de discapacidad dice que «Se considerará también, a los efectos de esta ley, que presentan una discapacidad del 33 por ciento las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia en grado I, así como una discapacidad del 65 por ciento a las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia en grado II y III».

Tiene dos límites, en la frase siguiente: «Esta asimilación provocará efectos exclusivamente en los ámbitos previstos por ley o por otras normas que expresamente la contemplen, no siendo de aplicación en el ámbito tributario». Es decir, no sirve para las deducciones de Hacienda, y fuera de la ley de discapacidad solo vale donde otra norma lo diga. Tampoco impide ir más allá: «la persona podrá solicitar la valoración con base en su discapacidad real».

La prestación por cuidados en el entorno familiar

Es la prestación económica para que a la persona la cuide alguien de su entorno, sin ser profesional. Hasta ahora la ley la trataba como una excepción: «El beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales». Desde el 23 de octubre la regla es otra: «Cuando la persona en situación de dependencia lo desee, esté siendo atendida por su entorno familiar o relacional y se den las condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda, se podrá reconocer una prestación económica para cuidados en el entorno familiar».

• Sin convivir, si vivís cerca. «Excepcionalmente, se podrá no exigir la convivencia cuando entre la persona en situación de dependencia y la persona cuidadora no profesional exista un compromiso de cuidados sin contraprestación económica y ambas residan en viviendas próximas».
• Sin plazo suspensivo. Desde 2012, la ley decía que estas prestaciones «quedarán sujetas a un plazo suspensivo máximo de dos años». La nueva redacción ya no tiene esa excepción, y las que estaban suspendidas «dejarán de estar en suspenso recuperando su vigencia y la cuantía que les corresponda».
• Hasta el final del mes. Si fallece la persona cuidada, la prestación «se abonará hasta el último día del mes en que se produce el deceso».
• Sin IRPF. La ley del impuesto sobre la renta, con la redacción que le da la reforma, declara exentas «Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio para cuidados en el entorno familiar, de asistencia personal y de cuidados y apoyos en viviendas que se derivan de la Ley 39/2006».

Las condiciones de acceso no están en la ley: el Consejo Territorial «acordará las condiciones de acceso a esta prestación, para su posterior aprobación por el Gobierno mediante real decreto». Ese real decreto todavía no se ha aprobado, y la ley no le pone plazo.

Los plazos: tres meses y seis meses

El artículo 28 dice ahora que el procedimiento se inicia a petición de la persona, «estableciéndose un plazo máximo de 3 meses para su resolución». Y la disposición final primera sigue diciendo que «el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses». La ley mantiene los dos textos.

Lo que pasa si la Administración se retrasa también está escrito: el derecho a las prestaciones se genera desde la resolución o, si no la hay, «cuando haya transcurrido el plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud sin haberse dictado y notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación». Los meses se cuentan de fecha a fecha: «El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento». La Ley 4/2026 no tiene ninguna regla para las solicitudes que ya estaban en trámite el 23 de octubre.

Los expedientes se tramitan por orden de llegada, salvo cuando factores económicos, de vivienda, de salud, de aislamiento social, de prisión o de violencia de género o sexual sitúen a la persona en una situación de especial vulnerabilidad: entonces «el expediente se tramitará de urgencia».

Los servicios: qué se gana con la reforma

• Teleasistencia para todos. Antes, «Este servicio se prestará a las personas que no reciban servicios de atención residencial y así lo establezca su Programa Individual de Atención». Ahora, «Las personas en situación de dependencia tendrán derecho a recibir el servicio de teleasistencia, con independencia del resto de prestaciones o servicios reconocidos».
• Asistencia personal como servicio. Hasta ahora era solo una prestación económica. Entra en el catálogo de servicios, para la persona «en cualquiera de sus grados y con independencia de su edad».
• Dos servicios nuevos. El de cuidados y apoyos en viviendas, en una vivienda compartida por pocas personas o en viviendas cercanas que comparten cuidados, y el de préstamo de productos de apoyo: «el acceso, mediante un sistema de préstamo o de cesión temporal, a los productos de apoyo necesarios para realizar las actividades de la vida diaria».
• Mientras no hay plaza. Con el grado II o el III, «cuando no esté disponible el servicio reconocido en su PIA, se articulará de manera transitoria otro servicio o prestación económica», y eso no hace perder el turno: «La atención mediante un servicio de forma transitoria no alterará, en ningún caso, el orden de prioridad de acceso a la prestación reconocida en el PIA».
• El tiempo de espera cuenta. Antes, a igual grado decidía la capacidad económica. Ahora va primero «el tiempo de espera transcurrido, desde la fecha de solicitud, para acceder al servicio elegido».
• Trabajar. Recibir una prestación o un servicio «será compatible con la realización de un trabajo por cuenta ajena o de una actividad por cuenta propia». Lo que se gane cuenta para el copago.
• El copago, con reglas. Lo fija cada comunidad, pero sin contar la casa, «no computándose la vivienda habitual», con «Un mínimo de capacidad económica exento» y, en una residencia, «una cantidad mínima para gastos personales».
• Sin sujeciones. «Se prestará una atención libre de sujeciones, ya sean físicas, mecánicas, farmacológicas o químicas»; solo se admiten en urgencias vitales, con prescripción médica y consentimiento caso a caso.
• Niños. Las reglas especiales pasan de los menores de 3 años a los de 6: el sistema «atenderá las necesidades de las niñas y niños menores de 6 años acreditados en situación de dependencia», con una escala de valoración propia.

Lo que no se da de golpe: compatibilizar entre sí todos los servicios a domicilio. Las comunidades tienen que haberlo hecho antes del 1 de enero de 2030, adaptando sus reglas de incompatibilidad «para garantizar la compatibilidad de todas las prestaciones de base domiciliaria».

Si cuidas de alguien

La ley tiene por primera vez un artículo con los derechos de quienes cuidan. Quien figura como cuidador en el programa de atención tiene derecho a información y a «Recibir acompañamiento y formación para el cuidado y autocuidado». La persona cuidadora principal de la prestación por cuidados en el entorno familiar tiene además derecho a «Ser colectivo de atención prioritaria para la política de empleo», a medidas de conciliación y a «La incorporación en la Seguridad Social en los términos previstos en la disposición adicional cuarta».

Y si quien cuida cae enfermo: «Las Administraciones públicas competentes garantizarán la continuidad de la atención y los cuidados de la persona en situación de dependencia cuando la persona cuidadora principal se encuentre en una situación de enfermedad grave o de hospitalización que le impida temporalmente prestar dichos cuidados».

Quien tuvo que dejar su trabajo para cuidar también es colectivo prioritario de empleo, si figura en un programa de atención: las personas cuidadoras que «se hayan visto obligadas a renunciar a su actividad laboral o profesional por hacerse cargo de personas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley serán consideradas colectivo de atención prioritaria para la política de empleo». En seis meses tiene que haber además criterios comunes de servicios de apoyo para las familias que cuidan en casa, como el «Apoyo psicológico individual y grupal» y los «Apoyos de respiro».

Para trabajar menos y cuidar sin dejar el empleo, la ley laboral tiene la reducción de jornada y la excedencia por cuidado de familiares.

Si tienes un hijo con cáncer u otra enfermedad grave

La Ley 4/2026 cambiaba la reducción de jornada y la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, la CUME. Pero el 21 de octubre el BOE publicó el Real Decreto-ley 31/2026, que vuelve a reescribir con efectos del 23 de octubre el mismo artículo del Estatuto de los Trabajadores y los artículos 190 a 192 de la Ley General de la Seguridad Social, y es su texto el que rige. El Congreso tiene que convalidarlo o derogarlo en los treinta días siguientes a su promulgación. Desde el 23 de octubre:

• Más allá de los 26 años. «Excepcionalmente se prevé la prórroga del derecho a la prestación más allá de los 26 años en aquellos casos en los que las personas causantes acrediten una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, o bien tengan reconocido el grado III de dependencia», si siguen viviendo con quien las cuida. Lo mismo vale para la reducción de jornada.
• Los dos progenitores. El derecho a la prestación «podrá ser reconocido a favor de una de ellas o a favor de ambas de forma alternativa o simultánea». Si la cobran los dos a la vez por el mismo hijo, cada uno recibe «un subsidio equivalente al 50 por ciento de su respectiva base reguladora».
• Sin un ingreso largo. Basta un cáncer u otra enfermedad grave «que requiera ingreso hospitalario o situación asimilada», en los términos que fije un reglamento.
• Parejas de hecho con hijos. Para esta prestación, «No se exigirá el requisito de inscripción en un Registro de parejas de hecho, ni constitución de dicha pareja en documento público, en el caso de que se tengan hijos o hijas comunes».

Para el personal de las Administraciones, la Ley 4/2026 añade al Estatuto del Empleado Público que, con gran discapacidad o gran dependencia, «el derecho a la reducción de jornada podrá prorrogarse más allá de los límites de edad previstos». Todo lo que cambia en la reducción de jornada está en reducción de jornada. Y de la Ley 4/2026 siguen en pie estas tres cosas:

• El colegio no quita la prestación. «La asistencia del menor al centro educativo, ya sea ordinaria, parcial, adaptada, terapéutica o intermitente, no constituirá por sí misma causa de denegación, suspensión o extinción de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave».
• Si la perdiste por la edad. «Las personas que hubieran perdido el derecho a la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave como consecuencia del cumplimiento del límite de edad podrán solicitar la revisión de su situación», si siguen la discapacidad grave o la gran dependencia y la convivencia.
• Autónomos. En seis meses, el Gobierno tiene que revisar su régimen para que el sistema de regularización anual de las bases de cotización por rendimientos reales «no produzca una reducción injustificada de su nivel de protección social».

Otros cambios de la misma ley

• Obras de accesibilidad en la comunidad de vecinos. La ley de propiedad horizontal dice desde el 23 de octubre que «Cuando las ayudas y subvenciones efectivamente concedidas alcancen el setenta por ciento del importe de las obras y actuaciones instadas, será obligatoria su ejecución, sin que resulten de aplicación los límites económicos establecidos en los párrafos anteriores», y que si no se hacen, quien las pidió «podrá solicitar a la autoridad judicial competente que dicte las decisiones que procedan para obligar a la realización de tales obras y actuaciones».
• Seguros. «No se podrá discriminar a las personas con discapacidad en la contratación de seguros», salvo causas objetivas, justificadas, proporcionadas y documentadas de antemano.
• Pensión no contributiva. Para ver si se tienen pocos ingresos, «no se considerarán rentas o ingresos computables las indemnizaciones por responsabilidad civil por daños personales en la cuantía legal o judicialmente reconocidas». Los límites, en pensión no contributiva.
• Servicios sociales esenciales. La red de servicios sociales, con los de dependencia, tiene ahora «la consideración de servicio esencial», y las Administraciones tienen que montar «un sistema de ventanilla única, presencial y electrónica» para los trámites de dependencia y discapacidad.

Lo que queda pendiente

La ley deja varias cosas para después, con plazo, contado desde su entrada en vigor:

Esta página se revisará cuando se aprueben, o al vencer el primero de esos plazos.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la ley de dependencia?

La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Crea el sistema que reconoce a cada persona un grado de dependencia (I, II o III, según la ayuda que necesita para las actividades de la vida diaria) y le da servicios, como la ayuda a domicilio o la residencia, o prestaciones económicas. La Ley 4/2026 la reforma desde el 23 de octubre de 2026.

¿Dónde se solicita la dependencia?

Ante tu comunidad autónoma: el reconocimiento lo hace la Administración autonómica de donde vives, y vale en toda España. Lo pide la persona que puede estar en situación de dependencia o quien la represente. Cómo se presenta (impresos, sede electrónica, oficinas) lo decide cada comunidad.

¿Cuándo entra en vigor la nueva ley de dependencia?

El 23 de octubre de 2026. Es la Ley 4/2026, de 1 de octubre, que se publicó en el BOE el 3 de octubre y entra en vigor a los veinte días. Reforma la ley de dependencia de 2006 y la ley general de discapacidad.

¿El grado de dependencia da un grado de discapacidad?

Desde el 23 de octubre, el grado I se considera una discapacidad del 33 % y los grados II y III, del 65 %, a los efectos de la ley de discapacidad. Solo tiene efectos en los ámbitos que una ley u otra norma prevean expresamente y nunca en los impuestos. Quien quiera puede pedir además que le valoren su discapacidad real.

¿Sirve esa equivalencia para la declaración de la renta?

No. La ley dice que la asimilación entre dependencia y discapacidad no se aplica en el ámbito tributario.

¿Qué pasa con la prestación por cuidados en el entorno familiar que estaba en suspenso?

Vuelve: las prestaciones suspendidas antes de la entrada en vigor dejan de estar en suspenso y recuperan su vigencia y su cuantía. Además, la nueva redacción de la ley ya no tiene el plazo suspensivo de hasta dos años que se aplicaba a esta prestación desde 2012.

¿Cuánto tarda en resolverse la dependencia?

La ley fija ahora un plazo máximo de 3 meses para resolver el procedimiento y mantiene el de 6 meses entre la solicitud y la resolución de la prestación. Si pasan esos 6 meses sin resolución notificada, el derecho a las prestaciones se genera al cumplirse el plazo. La ley no dice si los tres meses valen para las solicitudes que ya estaban en marcha.

¿Puedo trabajar si tengo reconocida la dependencia?

Sí. La ley dice ahora que cobrar una prestación o recibir un servicio es compatible con trabajar por cuenta ajena o propia. Lo que se gane cuenta para calcular lo que se paga por los servicios.

¿Suben las cuantías de las prestaciones?

La Ley 4/2026 no fija ninguna cuantía. Lo que cambia es quién puede pedir cada prestación, en qué condiciones y en qué plazos.

¿Cambia la reducción de jornada para cuidar a un familiar?

Sí, aunque el texto que rige no es el de esta ley: el Real Decreto-ley 31/2026, publicado en el BOE el 21 de octubre, vuelve a reescribir el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores con efectos del mismo 23 de octubre. Sigue el derecho a reducir entre un octavo y la mitad de la jornada para cuidar a un menor de doce años o a un familiar hasta el segundo grado, y sigue incluido el cónyuge o pareja de hecho. La reducción por cáncer o enfermedad grave de un hijo mantiene el límite de los veintitrés años, llega a los 26 con una discapacidad del 65 % y puede seguir después con esa discapacidad o con un grado III de dependencia. Y pueden pedirla los dos progenitores a la vez.

Fuentes: Ley 4/2026, de 1 de octubre (BOE del 3 de octubre de 2026); texto consolidado de la Ley 39/2006, de dependencia, con la redacción anterior y la que rige desde el 23 de octubre; artículo 4 del texto refundido de la ley general de discapacidad; artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores; y artículo 30 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común. Última actualización: 21 de octubre de 2026.